LA REFORMANECESARIA DE LA JUBILACION EN LA SEGURIDAD SOCIAL

Como consecuencia del acuerdo suscrito en fecha 13 de julio de 2.006 por el gobierno, la Unión general de Trabajadores, la confederación sindical de comisiones obreras, la Confederación española de Organizaciones Empresariales y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa y tomando como referencia las prioridades marcadas por el pacto de Toledo, se presento ante el congreso de los diputados el Proyecto de Ley de medidas en materia de seguridad Social, el cual fue aprobado por la indicada cámara, encontrándose en la actualidad pendiente de su aprobación por el Senado.

El mencionado proyecto se reafirma en la necesidad de mantener y reforzar determinados principios básicos en los que se asienta el sistema de la Seguridad social como objetivo para garantizar la eficacia del mismo y el perfeccionamiento de los niveles de bienestar del conjunto de los ciudadanos, avanzándose así en la plasmación del principio de solidaridad y garantía de suficiencia mediante la paulatina mejora y extensión de la intensidad protectora, así como el reforzamiento de la unidad de caja.

Progresándose asimismo en el camino de favorecer la prolongación voluntaria de la vida laboral mas allá de la edad legal de jubilación, sin olvidar tampoco la necesidad de paliar las consecuencias negativas experimentadas por los trabajadores de mas edad expulsados prematuramente del mercado laboral.

Llevando implícito este proyecto de ley el propósito de modernización del sistema de la Seguridad Social al abordar las situaciones creadas por la nueva realidad de las familias.

Teniendo en cuenta por tanto las exigencias que se derivan de la situación sociodemográfica, de las que resaltan circunstancias tales como el envejecimiento de la población, la incorporación creciente de las mujeres al mercado de trabajo y el fenómeno de la inmigración, así como los criterios armonizadores hacia los que se apunta en el ámbito de la unión europea, con el objetivo de garantizar la sensibilidad Financiera del sistema de pensiones. Estando por tanto constituida esta Ley por la necesidad de dar el adecuado soporte normativo a buena parte de los compromisos relativos a la acción protectora incluidos en el referido acuerdo y que afectan, sustancialmente a la jubilación, que es de lo que yo les voy a hablar.

Por lo que se refiere a este aspecto, (la jubilación) y con el fin de incrementar la correlación entre cotizaciones y prestaciones, se establece que, para acreditar el periodo mínimo de cotización actualmente exigido para acceder al derecho a la pensión, se computaran únicamente los días cotizados y no los correspondientes a las pagas extraordinarias y en tal sentido la reforma establece lo siguiente:

ELIMINACION EN LA JUBILACION DEL CÓMPUTO DE PAGAS EXTRAS PARA PERIODOS DE COTIZACION.

Se propone la modificación de la letra b) del apartado 1 del artículo 161 de la Ley General de la seguridad Social, que regula el derecho la pensión de jubilación, quedando redactado de la siguiente forma:

“Tener cubierto un periodo mínimo de cotización de quince años, de los cuales al menos dos deberán estar comprendidos dentro de los quince años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho. A efectos del cómputo de los años cotizados, no se tendrá en cuenta la parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias.

En los supuestos en que se acceda a la pensión de jubilación desde una situación de alta o asimilada al alta, sin obligación de cotizar, el periodo de dos años a que se refiere el párrafo anterior deberá estar comprendido dentro de los quince años anteriores a la fecha en que ceso la obligación de cotizar.”

Asimismo se modifican los apartados 1 y 2 del articulo 166, que se refieren a la jubilación parcial, quedando redactado el punto d) del apartado numero dos del mencionado articulo de la siguiente forma “ Acreditar un periodo previo de cotización de 30 años, sin que, a estos efectos se tenga en cuenta la parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias.”

INCENTIVO A LA JUBILACION CON MAS DE 65 AÑOS

En relación con quienes prolonguen voluntariamente su vida laboral mas allá de la edad ordinaria de jubilación se establece la percepción de una cantidad a tanto alzado, cuando el pensionista tenga derecho a la pensión máxima, o de un porcentaje adicional sobre la base reguladora de la pensión, cuando no se alcance dicha cuantía máxima.

Estableciéndose por tanto una nueva redacción al apartado 2 del artículo 163 en los siguientes términos:

“ 2. Cuando se acceda a la pensión de jubilación a una edad superior a los 65 años, siempre que al cumplir esta edad se hubiera reunido el periodo mínimo de cotización establecido en el articulo 161.b), se reconocerá al interesado un porcentaje adicional consistente en un 2 por ciento por cada año completo trascurrido entre la fecha en que cumplió dicha edad y la del hecho causante de la pensión. Dicho porcentaje se elevara al 3 por ciento cuando el interesado hubiera acreditado al menos cuarenta años de cotización al cumplir los 65 años.”

JUBILACION ANTICIPADA

Con respecto a la edad de la jubilación se prevé la posibilidad de aplicar coeficientes reductores en relación con nuevas categorías de trabajadores, previa realización de los correspondientes estudios de todo orden, con modificación de las cotizaciones y sin que la edad de acceso a la jubilación pueda situarse en menos de 52 años.

Proponiéndose en este sentido la creación de un artículo 161 bis donde se aborda la jubilación anticipada, quedando redactado el mencionado articulo de la forma siguiente:

“La edad mínima a que se refiere la letra a) del apartado 1 del articulo 161 podrá ser rebajada por Real Decreto, a propuesta del Ministro de Trabajo y asuntos sociales en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, toxica, peligrosa o insalubre…….

La aplicación de los correspondientes coeficientes reductores de la edad en ningún caso dará ocasión a que el interesado pueda acceder a la pensión de jubilación con una edad inferior a la de 52 años”

En el apartado 2 del mismo artículo se establecen además los requisitos para acceder a la jubilación anticipada, siendo estos los siguientes:

a) Tener cumplidos los 61 años de edad.
b) Encontrarse inscrito en las oficinas de empleo como demandantes de empleo durante un plazo de, al menos, seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la jubilación.
c) Acreditar un periodo mínimo de cotización de treinta años.
d) Que el cese en el trabajo no sea imputable a la voluntad del trabajador.

Apareciendo como novedad la necesidad de encontrarse en situación de desempleo para tener derecho a la jubilación anticipada y plasmándose lo que ya venia estableciendo la jurisprudencia, en cuanto al computo del tiempo del servicio militar como periodo de cotización efectiva, con la limitación de un año.

En los casos de acceso a la jubilación anticipada a que se refiere este apartado, la pensión será objeto de reducción mediante la aplicación, por cada año o fracción de año que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir los sesenta y cinco años, de los siguientes coeficientes:

1) entre treinta y treinta y cuatro años el 7,5%
2) Entre treinta y cinco y treinta y siete años el 7%
3) Entre treinta y ocho y treinta y nueve el 6,5%
4) Con cuarenta o mas años el 6%

Se prevén medidas de mejora de las pensiones de quienes las causaron anticipadamente como consecuencia de un despido antes de 1 de enero de 2.002, así como la consideración de cese involuntario de la extinción de la relación laboral cuando esta se produzca en el marco de expedientes de regulación de empleo.

Por otro lado se introduce una nueva redacción a la norma 2ª del apartado 1 de la disposición transitoria tercera, en los siguientes términos:

“Quienes tuvieran la condición de mutualista el 1 de Enero de 1.967 podrán causar el derecho a la pensión de jubilación a partir de los sesenta años. En tal caso, la cuantía de la pensión se reducirá en un 8 por ciento por cada año o fracción de año que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad que se fija en el apartado 1.a) del articulo 161”

Estableciéndose mas adelante un coeficiente reductor para aquellos trabajadores que cumpliendo el requisito anterior, tengan además 30 años de cotización y hayan extinguido el contrato de trabajo por causa no imputable a ellos, siendo el porcentaje en estos casos del 7,5 por ciento al 6 por ciento en función del total de años cotizados.

JUBILACION PARCIAL

Con respecto a la modalidad de jubilación parcial se supedita el acceso a la misma, como regla general, al cumplimiento de 61 años de edad, a que el trabajador tenga una antigüedad de 6 años en la empresa y a que acredite un periodo de cotización de 30 años y ello con el fin de garantizar que esta clase de jubilación se avenga mejor a los objetivos que con ella se pretenden obtener. Introduciéndose las modificaciones de los apartados 1 y 2 del articulo 166, incorporándose una nueva disposición transitoria, (concretamente la decimoséptima).

En cuanto a los apartados 1 y 2 del mencionado articulo, la redacción quedaría de la siguiente forma: Apartado 1 “Los trabajadores que hayan cumplido 65 años de edad y reúnan los requisitos para causar derecho a la pensión de jubilación, siempre que se produzca una reducción de su jornada de trabajo comprendida entre un mínimo de un 25 por ciento y un máximo de un 75 por ciento, podrán acceder a la jubilación parcial sin necesidad de la celebración simultánea de un contrato de relevo.”

Estableciéndose únicamente la posibilidad de la jubilación parcial para aquellos trabajadores que hayan cumplido los 65 años de edad y sin necesidad de que la empresa contrate otro trabajador.

En el apartado 2 del mismo articulo, se establecen los requisitos para aquellos trabajadores que con carácter simultáneo se celebre contrato de relevo en los términos previstos en el artículo 12.6 del Estatuto de los Trabajadores, siendo estos los siguientes:

a) Haber cumplido la edad de 61 años.
b) Acreditar un periodo de antigüedad en la empresa de, al menos, 6 años inmediatamente anteriores a la fecha de jubilación parcial
c) Que la reducción de su jornada de trabajo se halle comprendida entre un mínimo de un 25 por ciento y un máximo de un 75 por ciento.
d) Acreditar un periodo previo de cotización de 30 años.
e) En los supuestos en que, el trabajo realizado por el jubilado parcial, no pueda ser el mismo o uno similar que el que vaya a desarrollar el trabajador relevista, se deberá garantizar como mínimo el 65% de la base de cotización por la que venia cotizando el trabajador que accede a la jubilación parcial.
f) Los contratos de trabajo deberán firmarse como mínimo por el periodo que dure la jubilación parcial.

En cuanto a la disposición transitoria decimoséptima, en su apartado 1) se establece un periodo transitorio de siete años desde la entrada en vigor de la Ley para la incorporación de la edad de 61 años para acceder a la jubilación parcial, incrementándose dos meses cada año la edad, para tener derecho a esta modalidad de jubilación, desde los sesenta años hasta los 61.

En lo referente al requisito de 6 años de antigüedad en la empresa, para tener derecho a la jubilación parcial, establecido en la letra b del aparado 2 del articulo 166, se exigirá de forma gradual, en función de los años trascurridos desde la entrada en vigor de la Ley de Medidas en materia de seguridad Social, a razón de 2 años el primer año de vigencia y un año mas por cada uno de vigencia, llegando al quinto donde se exigirá los seis años establecidos en el mencionado articulo.

Asimismo en el apartado 3 de la mencionada disposición transitoria, se establece que:

“El limite de la reducción máxima de jornada del 75 por ciento a que se refiere la letra c) del apartado 2 del articulo 166, se implantara de forma gradual, en función de los años transcurridos desde la entrada en vigor de la Ley de medidas en Materia de Seguridad social del 85 por ciento durante el primer año y del 75 por ciento a partir del quinto año.”

También se establece un periodo gradual de aplicación al requisito de 30 años de cotización establecido en la letra d) del apartado 2 del artículo 166.

Estableciéndose un mínimo de 18 años cotizados para el primer año y un incremento de 3 en tres años hasta el quinto año de vigencia desde la entrada en vigor de la Ley.

Por ultimo se salvaguarda la aplicación de los compromisos adoptados en materia de jubilación parcial, con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, estableciéndose que estos se mantendrán hasta que finalice la vigencia de los mencionados compromisos y en todo caso como máximo hasta el 31 de Diciembre de 2.009.

Especial mención tiene la disposición transitoria cuarta en la que no solo mantiene el periodo mínimo de cotización exigido de 15 años para tener derecho a la jubilación, sino que además establece un periodo de seis años donde el requisito de cotización exigido se establece en trece años con un incremento de 77 días cada semestre hasta llegar a los quince años al sexto año de la entrada en vigor de la Ley.

Hecho este novedoso, que reduce el periodo mínimo de cotización en la jubilación, aunque sea de forma temporal, cuando lo previsible hubiera sido su ampliación, dada tendencia a endurecer el periodo de acceso a la jubilación.

El sistema español de la Seguridad social atraviesa la posición financiera mas solvente de su historia. Las decisiones adoptadas, en especial desde la firma del pacto de Toledo en 1.995, junto al espectacular aumento del numero de afiliados, han permitido combinar un crecimiento continuo de las prestaciones con excedente financiero en el sistema que en una parte importante se ha trasladado al Fondo de reserva (30% del gasto anual en pensiones contributivas, 3% del PIB). La financiación del sistema de protección social, además, se apoya en una presión fiscal muy inferior a la media comunitaria, tanto en su vertiente de cuotas sociales como impuestos.

El gasto en pensiones es en volumen la principal política del sistema de la seguridad Social, seguido de lejos por la prestación económica por incapacidad temporal.

El contenido de los acuerdos suscritos por los agentes sociales en 1.996 y 2.001 han colaborado de manera decisiva a este propósito, a la vez que permite una muy intensa participación de los trabajadores, a través de sus organizaciones representativas, en la definición de las prestaciones de la seguridad Social y en un estrecho seguimiento de la evolución del sistema.

Las medidas adoptadas han mejorado sensiblemente la salud y calidad del sistema y aunque se mantienen deficiencias sobre las que se debe seguir trabajando, los resultados demuestran un elevado grado de acierto muy valorado por los trabajadores.

Agrupándose las medidas aplicadas desde 1.995 en cuatro ejes de actuación:
1) Definición de un modelo de financiación sólido y claro con diferencia entre prestaciones contributivas y no contributivas universales.
2) Avances en la contributividad para mejorar la equidad entre aportaciones y prestaciones en la dirección de garantizar la viabilidad financiera presente y futura del sistema.
3) Mejora de las prestaciones, en especial las mas bajas.
4) Creación de un sistema de jubilación flexible que compatibiliza las necesidades de los trabajadores con la viabilidad del sistema a largo plazo.

La presencia activa de las organizaciones sindicales y empresariales en el proceso de toma de decisiones y su responsabilidad con el contenido de los acuerdos permite defender en el presente y en el futuro una seguridad Social mas amplia, justa, solvente y que genere mas confianza y tranquilidad en la sociedad sobre la percepción de una pensión cada vez mas digna en el momento de finalizar su vida laboral activa.

El objetivo de cualquier prestación social es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pero cuando se trata del Sistema publico de pensiones la responsabilidad no se limita a la cobertura de los actuales pensionistas sino que debe garantizar a los trabajadores en activo el acceso, en el futuro, a unas mejores prestaciones en consonancia con el grado de riqueza disponible por la economía española que en definitiva todos contribuyen a generar. En la búsqueda de este objetivo, la obligación de todos aquellos agentes implicados en el gobierno del sistema es un compromiso con el presente y con el futuro del sistema.

Un sistema de pensiones público de reparto es una transferencia de renta, mensurable en un tanto por ciento del producto interior bruto, desde las personas que trabajan en un momento determinado con aquellas que han terminado su vida laboral activa pero realizaron aportaciones durante la misma. La viabilidad financiera del sistema es un elemento determinante para aspirar a una amplia cobertura y a mejores prestaciones y para conseguirla se deben adoptar las decisiones oportunas alejándose de peticiones clientelistas o situaciones financieras coyunturales.

www.alfonsohernandezquereda.com