ACCION DEL ARTICULO 50 DEL ESTATUTO EN ELL PROCEDIMIENTO CONCURSAL

El artículo 50 del estatuto de los Trabajadores establece las causas por las que se puede pedir la Extinción la relación laboral a instancia del trabajador, siendo estas causas las siguientes:

Art. 50.- Extinción por voluntad del trabajador. 1- Serán Causas justas para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato:

a) Las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo que redunden en perjuicio de su formación profesional o en menoscabo de su dignidad.
b) La Falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado.
c) Cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario………………”

La causa que vamos a valorar en el presente articulo es la del apartado b del mencionado articulo 50 y sobre todo su tramitación y efectos en aquellas situaciones donde se haya solicitado por la empresa procedimiento concursal y este haya sido declarado por el Juzgado de lo mercantil, en cuanto a la competencia y efectos de la mencionada acción.

COMPENTENCIA JUZGADO DE LO MERCANTIL.-

En tal sentido tenemos que tener en cuenta lo establecido en el artículo 64. 10 de la Ley concursal, en cuanto que esta remite la competencia para su tramitación, al Juez de lo Mercantil, no estableciendo nada el mencionado artículo en cuanto al aspecto sustantivo del mismo.

Es decir que una vez declarada la empresa en concurso, el articulo 64 de la mencionada Ley establece que será competente el Juez de lo Mercantil para su tramitación y conocimiento, debiéndose tramitar por el procedimiento establecido para el despido colectivo, pero sin establecer que este procedimiento y por tanto sus efectos sean los del articulo 51 del Estatuto de los Trabajadores, por lo que en principio se entiende que debe seguir tramitándose con los efectos del articulo 50.2 del mencionado texto Legal, entendiéndose que los efectos de la extinción deben ser los establecidos para el despido declarado improcedente, es decir 45 días de indemnización por año de servicio, con un tope máximo de 42 mensualidades.

EFECTOS PROCESALES.-

Esto es por cuanto que la Ley concursal, solamente establece la competencia a efectos procesales y no regula nada en el aspecto sustantivo del mencionado procedimiento, es decir aunque la consideración sea la de despido colectivo, las consecuencias y por tanto la Resolución debe estar ajustada a lo establecido en el 50.2 del Estatuto y esta se debe extinguir con la condena establecida para este tipo de despidos, siempre que estemos hablando de que la causa de la extinción sea la establecida en el punto b del articulo 50 del ET.

Ahora bien que sucede en los casos que una vez declarado el concurso, los administradores tramitan expediente de regulación de empleo, consistente en la extinción de los contratos de trabajo de la totalidad de la plantilla y algunos de los trabajadores, no todos, hayan iniciado la acción de extinción de la relación laboral por impago o retraso de salarios.

PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION.-

En este caso y a pesar de que tanto el articulo 8.2 como el 64 de la LC se puede producir una situación discriminatoria que quebrantaría el principio de igualdad, por lo que algunas salas de lo social, como la del TSJ de MADRID de 28 de Noviembre de 2.008, establece el mismo trato igualitario para los dos procedimientos de extinción establecidos, tanto el del expediente de regulación de empleo, como el de la Extinción del articulo 50.1.b del estatuto de los Trabajadores y estableciendo como la misma causa de extinción la del expediente colectivo del articulo 51 del ET, lo que desde este punto de vista podría ser contradictorio con el primer criterio establecido de darle la consideración de despido colectivo, pero rigiéndose por la causa del 50.2 del ET. Es decir la situación contradictoria se da por el hecho de que al no querer producir una situación desigualdad, se perjudica a todos los trabajadores, (a los que no iniciaron la acción de extinción y a los que si la iniciaron), cuando lo mas lógico seria, en virtud del principio “pro operario”, establecer como causa de extinción, las del articulo 50.2 y no las del articulo 51, como finalmente establece la mencionada sentencia. Máxime cuando se daban las causas de extinción para la totalidad de la plantilla, ya que si no hubiese sido así, (es decir que a unos les pagara y a otros no), estaríamos en otro supuesto del impago de salarios.

SENTENCIA CONTRADICTORIA.-

En este sentido se pronuncia la sentencia del TSJ de Galicia de 23 de Enero de 2.007, en la que se establece “ Que las acciones individuales que, atendiendo al articulo 64.10 de la Ley concursal, se asimilan a colectivas, no lo son mas que a efectos de esa norma, (esto es a los efectos meramente procesales).

De esta manera, las acciones individuales de resolución contractual al amparo del articulo 50.1.b) del ET que ejercitaron 8 de los 31 trabajadores de la plantilla con posterioridad a la declaración del concurso deben tener la consideración de extinciones de carácter colectivo, pero solo a los efectos de su tramitación por el Juez mercantil del Concurso. Es decir que tales acciones individuales siguen amparadas en el articulo 49.1 del ET, es decir no pierden su carácter individual, manteniendo su propia naturaleza, sin que puedan ser transformadas en las extinciones colectivas de la letra i) de ese mismo precepto.

Dicho con mas claridad: no se trata de un despido colectivo, puesto que la norma, como se indico, las considera colectivas únicamente a efectos procesales, no sustantivos, resultando mas cercana la naturaleza de dicha conversión procesal a la de acumulación de autos, regulada en los artículos 29 y ss. De la Ley de Procedimiento Laboral. Se trataría en definitiva, de un supuesto particular de acumulación de autos en el ámbito mercantil de la jurisdicción, sin que, de este modo, dicha conversión procesal pueda afectar a la naturaleza de las acciones ejercitadas.

Teniendo por tanto dos criterios contradictorios y la lucha de dos principios, uno el del principio de igualdad y el de no discriminación y el mantenimiento de un derecho, como es el de la acción ejercitada por aquellos trabajadores que con anterioridad a la tramitación o aprobación del expediente de regulación de empleo, hayan instado sus demandas de extinción de la relación laboral. Y el propio hecho de que aquellos trabajadores que por las circunstancias que sean no hayan tramitación dicha extinción y por ello perciban o se les reconozca una indemnización inferior a los anteriores.

Esta cuestión se deberá resolver mediante el criterio que finalmente establezca el Tribunal supremo o bien por la modificación del articulo 64.10 de la LC o mas bien la aclaración del mismo en el sentido de cual sea finalmente la tramitación que se le deba dar al procedimiento de extinción, no solo en cuanto al carácter colectivo o individual sino sobre que base debe extinguirse la relación laboral. Si sobre el artículo 50.2 o sobre lo regulado en el artículo 51 del ET.

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